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Capítulo segundo
«Existe una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que
los hombres deben instaurar entre sí.
Para desarrollarse en conformidad con su naturaleza, la persona
humana necesita la vida social. Ciertas sociedades como la familia y la ciudad, corresponden más inmediatamente a la
naturaleza del hombre.
“El
principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona
humana”.[1]
Es preciso promover una amplia participación en asociaciones e instituciones de libre
iniciativa.
Según el principio de subsidiaridad, ni el Estado ni ninguna sociedad más amplia deben
suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de las corporaciones
intermedias.
La sociedad debe favorecer el ejercicio de las virtudes, no ser obstáculo para ellas.
Debe inspirarse en una justa jerarquía de valores.
Donde el pecado pervierte el clima social es preciso apelar a la
conversión de los corazones y a la gracia de Dios. La caridad empuja a reformas justas. No hay solución a la
cuestión social fuera del Evangelio».[2]
II. LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA SOCIAL
«“No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por
Dios han sido constituidas” (Ro 13, 1).
Toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse.
“La comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios”.[3]
La autoridad se ejerce de
manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para
alcanzarlo debe emplear medios moralmente aceptables.
La diversidad de regímenes políticos es legítima, con tal que promuevan el bien de la
comunidad.
La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe
garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad.
El bien común comprende “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que
permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su
propia perfección”.[4]
El bien común comporta
tres elementos esenciales: el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la
persona; la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la
sociedad; la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros.
La dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. Cada cual debe
preocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de la vida
humana.
Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil. El bien
común de toda la familia humana requiere una organización de la sociedad
internacional».[5]
«La sociedad asegura la justicia social procurando las condiciones que permitan a
las asociaciones y a los individuos obtener lo que les es debido.
El respeto de la persona humana considera al prójimo como “otro yo”. Supone el
respeto de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la
persona.
La igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de la persona y a los
derechos que de ésta se derivan.
Las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios que quiere que nos necesitemos los unos a los
otros. Esas diferencias deben alentar la caridad.
La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas
desigualdades sociales y económicas. Impulsa a la desaparición de las desigualdades
inicuas.
La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunicación de los
bienes espirituales aún más que comunicación de bienes materiales».[6]
«El
marxismo había prometido desraizar del corazón humano la necesidad de Dios; pero los
resultados han demostrado que no es posible lograrlo sin trastocar ese mismo corazón».
Juan
Pablo II,
Carta encíclica Centesimus Annus, III, 22.
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